DICE QUE EL GOBIERNO HA HECHO POCOS AVANCES PARA RESOLVER LA CRISIS
Amnistía Internacional (AI) denunció ayer miércoles “los escasos avances en la resolución de la crisis de apatridia” que afecta a decenas de miles de personas de origen haitiano nacidas en República Dominicana.
En su informe de 2017 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, AI señala que este país continuó “incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos” respecto de un gran numero de personas apátridas nacidas en el país a las que se privó “de manera arbitraria y retroactiva de la nacionalidad dominicana en septiembre de 2013”.
Según AI, la ley 169-14, la norma de naturalización con la que se trató de ofrecer una solución a las personas de origen haitiano, se siguió “aplicando de manera deficiente”.
AI recoge que, según estadísticas oficiales, sólo 13,500 personas pertenecientes al denominado “Grupo A” (de 61,000 personas), creado por la Ley 169-14, pudieron acceder a algún tipo de documento de identidad que demostrara que eran de nacionalidad dominicana.
En cuanto a las personas del “Grupo B” (aquellas cuyo nacimiento no se había inscrito en el Registro Civil dominicano), de las 8,755 personas que pudieron inscribirse (el 16% de las 53,000 personas estimadas, según el Gobierno), tan solo 6,545 habían recibido la aprobación de sus expedientes por parte de las autoridades.
Al finalizar el año “no se sabía de nadie que hubiera sido naturalizado en virtud del nuevo plan”, según el informe.
Asimismo, AI indica que las autoridades no elaboraron ni implementaron nuevas soluciones para garantizar el derecho a la nacionalidad a las decenas de miles de personas nacidas en la República Dominicana que no podían beneficiarse de la Ley 169-14, en particular el 84% restante de las personas pertenecientes al “Grupo B”, y todas aquellas a las que no cubría la legislación de 2014.
También destaca que las autoridades fueron incapaces de tramitar la mayoría de los casos de personas migrantes en situación irregular recibidos durante el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación irregular, que se aplicó entre 2014 y 2015.
Por otro lado, AI señala que la policía hizo un uso excesivo de la fuerza y que, según cifras de la Procuraduría General de la República, hubo 110 homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad entre enero y octubre, mientras que la tasa de homicidios es elevada, de casi 16 por cada 100,000 habitantes durante la primera mitad del año.
VIOLACIONES EN LATINOAMÉRICA
La crisis venezolana, el aumento de las restricciones en Cuba, el retroceso en la política migratoria en EE.UU. y la violencia contra la mujer y las minorías, demuestran que en América aún falta mucho por hacer en materia de derechos humanos, según el informe presentado ayer.
La crisis venezolana, el aumento de las restricciones en Cuba, el retroceso en la política migratoria en EE.UU. y la violencia contra la mujer y las minorías, demuestran que en América aún falta mucho por hacer en materia de derechos humanos, según el informe presentado ayer.
En su análisis sobre cada país, AI dedica un lugar especial a Venezuela, donde se afronta “una de las peores crisis de derechos humanos de su historia reciente, alimentada por una escalada de violencia promovida por el Gobierno”. La organización denuncia que “cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente y muchas más sufrieron las consecuencias del uso excesivo e indebido de la fuerza por los cuerpos de seguridad.
