Con las clases suspendidas en todas las escuelas públicas, restos de piedras y neumáticos quemados en las calles y un amplio despliegue policial en algunas
ciudades prácticamente sitiadas, así amaneció este viernes buena parte de Nicaragua.
En su tercer día consecutivo de protestas ciudadanas por las reformas al seguro social, que establecen un aumento en las cotizaciones y una deducción a las pensiones, y que fueron aprobadas esta semana por decreto presidencial.
El jueves, las cada vez más numerosas movilizaciones y enfrentamientos con la policía dejaron un saldo de al menos tres muertos y decenas de heridos.
Organismos nacionales e internacionales criticaron la dureza de la policía al reprimir las protestas.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU llamó este jueves a las autoridades nicaragüenses a actuar para "evitar nuevos ataques contra los manifestantes" y garantizar su derecho a la libertad de expresión.
Asimismo, consideró "preocupante que varios canales de televisión que estaban cubriendo las protestas hayan sido cerrados por el gobierno".
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gustavo Mohme, dijo que la censura de los canales "desenmascara el autoritarismo de un gobierno que en sus once años solo ha buscado desmantelar al Estado para su propio beneficio y el de sus familiares".
¿A qué se deben las protestas?
El paquete de controvertidas reformas fue anunciado por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) este lunes.
Entre ellas, se establece que a partir del 1 de julio los trabajadores tendrán que aportar al INSS un pago del 7%, en lugar del 6,25% actual.
También las empresas y empleadores tendrán que incrementar su cuota de aporte a partir de esa fecha, pasando del 19 al 21%. El aumento continuará de manera gradual hasta llegar al 22,5% en 2020.
Pero una de las medidas que causó mayor polémica es la que afecta a los jubilados, que tendrán que aportar un 5% de su pensión en concepto de cobertura de enfermedades.
En Nicaragua hay más de 200.000 pensionistas, que en su mayoría reciben pensiones de entre US$300 y US$500.
El gobierno asegura que las reformas "son necesarias" para salvar al INSS de la quiebra.
El miércoles, solo dos días después del anuncio del INSS, el presidente Daniel Ortega oficializó las reformas de manera unilateral a través de un decreto publicado en el diario oficial del Estado.
Desde ese momento, las protestas ciudadanas tomaron las calles de Managua y otras ciudades, protagonizadas especialmente por estudiantes y personas mayores que consideran que el gobierno "les está robando" lo ganado durante décadas de trabajo.
¿Son legales estas reformas?
Expertos consideran que el hecho de que la reforma fuera aprobada por decreto presidencial de manera unilateral viola la Constitución y otras leyes vigentes en el país.
La Carta Magna establece que corresponde al Congreso la potestad de crear, modificar o suprimir tributos.
Aunque en el pasado ya se dieron otras subidas de las contribuciones por decreto en Nicaragua, "eso no quita que sea inconstitucional".
"En este caso se dio un salto más allá, porque el consejo directivo del INSS, que no tiene esas atribuciones, hizo una propuesta inconstitucional y aconsejó al gobierno hacerla oficial a través de un decreto presidencial que también es inconstitucional", señaló el experto.
Otros especialistas, sin embargo, consideran que la ley vigente da lugar a distintas interpretaciones sobre si las contribuciones a la Seguridad Social deber ser consideradas un tributo y, por lo tanto, si corresponde o no a la Asamblea Nacional su aprobación.
¿Realmente las reformas podrán salvar al INSS?
El INSS se encuentra en una situación de iliquidez que los expertos atribuyen, entre otros factores, a un "exceso de gastos administrativos".
"Sus gastos aumentaron en 4,2 veces desde 2002 mientras que sus ingresos lo hicieron en 3,2 veces", explicó en un comunicado la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES).
FUNIDES considera que, como en otros países, el aumento de la esperanza de vida de la población nicaragüense complicará la sostenibilidad del pago de pensiones en el futuro tal y como se plantea en la actualidad.
Sin embargo, según FUNIDES, "la reforma no solucionará el problema".
El aumento de la contribución por parte de los empleadores se traducirá en despidos y más desempleo.
"El paquete de reformas significará que dejarán de circular en la economía unos US$200 millones, o un 1,5% del PIB (…). Este monto redundará en una desaceleración del consumo, una mayor informalidad y menor empleo", agregó.
FUNIDES estima que antes se debieron haber incluido medidas como la disminución de los gastos administrativos o un posible adelanto de la deuda al INSS de US$500 millones ya reconocida por ley por Estado.
¿Quiénes están liderando las protestas?
En Nicaragua, manifestaciones de esta magnitud no son quizá tan habituales como en otros países de la región.
"Sí que hemos tenido antes manifestaciones en Nicaragua: por la construcción del canal, contra la minería extractiva… pero varios factores hacen de esta protesta algo inusitado", le dijo a BBC Mundo el director del medio Confidencial de Nicaragua, Carlos Chamorro.
"Lo diferente ahora es que están teniendo lugar en la capital y los principales centros urbanos, y sobre todo, por parte de sectores que anteriormente han sido partidarios del gobierno, como las universidades públicas", añade el periodista.
También el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), tradicionalmente aliado del gobierno, rechazó la reforma del INSS.
Chamorro destacó también el hecho de que las protestas surgieran de manera espontánea y no tengan líderes visibles ni organizaciones responsables de su convocatoria.
Un grupo de personas, unidos bajo el hashtag #SOSINSS en redes sociales se autoconvocaron el miércoles para realizar la primera movilización, secundada sobre todo por estudiantes universitarios y personas mayores.
Según Chamorro, "el gobierno respondió con una represión brutal". "Uno puede suponer que la protesta posterior está relacionada con una indignación por esa primera represión, y ahora ya se ha convertido en un fenómeno generalizado".
¿Hay posibilidad de que las reformas sean derogadas?
Hay una gran incertidumbre sobre lo que ocurrirá en los próximos días.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no hizo ninguna comparecencia pública desde la publicación del decreto presidencial.
Su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, exigió investigación y castigo para los culpables de las muertes registradas en los disturbios en una inusual declaración a través de los medios del gobierno en la medianoche del jueves.
Pero no hay nada que apunte a que las protestas ciudadanas estén haciendo que el Ejecutivo se plantee derogar el polémico decreto que autorizó las reformas.
En opinión de Chamorro, "no hay ninguna señal de que el gobierno tenga intención de dar marcha atrás".
"Posiblemente estarán ateniendo conversaciones privadas con las cámaras empresariales, porque esto ha provocado mucha tensión con ese sector. Pero, a día de hoy, no tenemos ningún indicio que esta medida vaya a ser revertida", concluyó.
El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, aseguró que el sector privado apelará por la vía legal las reformas aprobadas.
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