Santo Domingo. – La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), pidió al procurador general de la Republica Jean Alain Rodríguez llevar el escándalo de corrupción de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA), hasta sus últimas consecuencias.
De este modo demandó de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas la urgente derogación de la Resolución 15-08, la cual les permite a las instituciones públicas comprar de forma directa y fuera de los parámetros generales de la ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas, pasajes aéreos, combustibles y las reparaciones de vehículos de motor.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, recordó que se trata de una disposición obsoleta y descontextualizada, concebida en el año 2008, cuando el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas tenía apenas un escaso desarrollo, por la falta de normas complementarias, de una adecuada plataforma tecnológica, además de la poca experiencia en el inicio de la implementación de la ley.
Para la entidad cívica constituye una aberración y un atentado a la transparencia la existencia y vigencia de esa resolución, la cual debe ser extirpada del sistema, tras advertir que si no se deroga la referida norma, continuaran las instituciones públicas rigiéndose por ella, y lo peor aún la Contraloría General de la República con la obligación de acogerla y observarla, por tratarse de una disposición revestida con el principio de legalidad y emanada del órgano rector de las compras y contrataciones públicas.
Asimismo Justicia y Transparencia reclamó de la Procuraduría General de la República, el profundizar y llevar hasta las últimas consecuencias el escándalo de corrupción detectado en la OMSA, toda vez que el informe y auditoria de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana establece la reiterada participación de unas pocas empresas beneficiarias de todo el movimiento económico de la OMSA, gastos exorbitantes de combustibles, la reparación reiterada de un mismo vehículo; entre otros tantos señalamientos que ameritan el establecer responsabilidades y actuar en consecuencia.
Finalmente, la FJT entiende que se trata de un caso que debe llamarnos a la reflexión, sobre todo centrándonos en las falencias y debilidades instituciones que deben ser consideradas y sorteadas, imponiéndose de entrada una revisión profunda y reforma de la ley 340-06 sobre compras y contrataciones con el estado; así como el necesario fortalecimiento y adecuación de los órganos de control a la nueva realidad constitucional.
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