El juez Claudio Bonadio consideró la existencia de "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y del Ministerio de Planificación [encabezado por Julio de Vido], actuó entre los años 2003 y 2015", todo el periodo del gobierno kirchnerista.
Además fueron procesados 41 exaltos funcionarios y empresarios vinculados a la obra pública. Entre ellos están Angelo Calcaterra, primo del actual presidente argentino, Mauricio Macri, quien confresò al juez que hizo pagos ilegales para financiar las campañas electorales kirchneristas. El listado incluye además a algunos de los empresarios más poderosos del país, como Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Luis Betnaza, Carlos Wagner y Enrique Pescarmona.
Bonadio procesó también al exsecretario de Obras Públicas José López, preso desde que fue atrapado ocultando 9 millones de dólares en un convento, y al extitular del órgano de control de concesiones viales Claudio Uberti. Muchos declararon como arrepentidos y pueden recibir beneficios judiciales, pero deberán esperar a que el tribunal que los juzgue considere que sus aportes fueron relevantes para la investigación.
El caso estalló a principios de agosto a partir de las minuciosas anotaciones de Oscar Centeno, chófer de Roberto Baratta, mano derecha del ministro De Vido. Durante 10 años, Centeno apuntó en ocho cuadernos escolares cientos de viajes con bolsos cargados de dinero, producto de presuntos sobornos que empresas constructoras pagaban a cambio de contratos con el Estado. La causa no ha parado de crecer hasta convertirse en un escándalo sin precedentes que, como el Lava Jato brasileño, involucra a exfuncionarios, empresarios poderosos y hasta jueces.
Bonadio cree que hay indicios que permiten sostener que Baratta y otros funcionarios de la cartera efectuaron los cobros a distintos particulares y que luego trasladaron el dinero negro, "en la mayoría de las oportunidades", en vehículos conducidos por Centeno. "A partir de ello, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios", que "finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita": Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio de Vido, agregó.
El procesamiento y la prisión preventiva dictada por Bonadio es un duro golpe a la imagen pública de Cristina Kirchner, pero tendrá efectos prácticos limitados. Según la legislación argentina, los fueros no protegen a los parlamentarios de una investigación, pero si impiden su arresto preventivo. El Senado ya anticipó que no hay posibilidad alguna de que vote por la eliminación de ese derecho. La doctrina que aplica el cuerpo es la de mantener la protección hasta que el investigado enfrente una condena firme, es decir hasta la última instancia de apelación ante la Corte Suprema. Fernández de Kirchner enfrenta ahora "la etapa de instrucción, una etapa preliminar donde hay elementos, pero que no configura la responsabilidad penal, entonces es imposible producir el desafuero y la detención de un senador, presidente o ministro", dijo el senador Pichetto, líder del bloque peronista en la Cámara Alta y dueño de la llave de cualquier votación que necesite mayoría.
El caso más emblemático de la aplicación de esta doctrina es el del expresidente Carlos Menem, condenado en segunda instancia a 7 años de cárcel por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, en momentos en que ambos países enfrentaban un embargo internacional. Menem, de 88 años, sigue firme en su banca, a la espera de que la Corte decida sobre su caso.
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