Santo Domingo. – Una fuente que se comunicó a la redacción del periódico Sin Cortapisa, reveló la mafia que existe entre el Estado dominicano y dos grandes empresas distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo -GLP-, COASTAL y GEOGAS, las cuales sirvieron de instrumentos para la conformación de la trama estatal-empresarial, a beneficio de sus dueños, la alta jerarquía del Gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana -PLD-.
Según la fuente, en dicha mafia se encuentra vinculado el exministro de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, apadrinado por el presidente Danilo Medina y el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
Expresó que Del Castillo Saviñón ganó punto en el gobierno, debido a su eficiencia inescrupulosa en obtener fondos para la elección fraudulenta del mandatario Medina en el 2012, así como también de su adulterada reelección del 2016.
Indicó que COASTAL responde al Grupo Martí, fundado por Carlos Martí, dueño también de TROPIGAS, METRO GAS, SUNIX y VOLVO. Mientras que GEOGAS está dirigida -con participación soterrada de ciertos jerarcas de PLD por el magnate Arturo Santana, quien primero se asoció al expresidente Leonel Fernández, Luis Manuel Bonetti, y luego pactó con Danilo Medina.
Dijo que la ruptura de ese último acuerdo se produjo recientemente tras graves déficits que afectan al gobierno y la necesidad de obtener ingresos que hace unos años se le asignaron a la mafia del GLP.
El informante señaló que el rompimiento contó con la insistente recomendación y el respaldo del empresario Pepín Corrípio y otros grandes financieros disgustados por la “competencia desleal” para avanzar en ese sector.
MEMORIA DE LA OPERATIVIDAD DELICTIVA DE LA MAFIA-GLP
Esa operación delictiva con el GLP se basó en alteraciones a los precios de los fletes marítimos, en las tarifas de aduana y almacenamiento, y en los cálculos de los precios semanales de los combustibles. Apoyándose en una secuencia de resoluciones y en medidas que facilitaban abultar estos renglones, como son:
- Costos de combustibles en barco.
- Costos de transporte (fletes).
- Valor de los seguros marítimos.
- Costos bancarios.
- Cargos en el manejo de la Terminal.
- Gastos de administración de la ley.
El consumo de GLP ronda los 500 millones de galones anuales, el 30% en manos del Estado y el 70 controlado por las dos grandes importadoras denunciadas, y en esos 6 años esas resoluciones y medidas impuestas silenciosamente por el Ministerio de Industria y Comercio han servido para elevar artificialmente el precio de paridad de las importaciones de GLP de 110 dólares en el 2011 a 225 dólares en el 2015; lo que representa un alza del 324%, muy por encima del comportamiento real de los precios del petróleo en ese mismo periodo.
La sobrevaluación por tonelada de GLP asciende a los 174.5 dólares y el pueblo pagó 14, 385 millones de pesos por el GLP consumido anualmente, con un sobreprecio de 20 a 25 pesos por cada galón.
Puntualizo que ese manejo posibilitó un robo al Estado, en perjuicio de los consumidores (familias humildes y medianas, choferes, usuarios del transporte y negocios que emplean GLP), de más de 12 mil millones de pesos en el periodo 2011-2017, equivalente a unos 1,000 millones de pesos mensuales que fueron a parar a las alcancías gigantes de las dos empresas mencionadas y de los jerarcas del régimen.
