“El gobierno tom贸 algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pero hubo informes generalizados de impunidad y corrupci贸n oficiales, especialmente entre los altos funcionarios”, explica el reporte anual de los Derechos Humanos publicado por el departamento de Estado.
Tambi茅n indica que a pesar de que leyes dominicanas establecen un poder judicial independiente, el Gobierno “no respet贸 la independencia judicial y la imparcialidad”.
El informe de 2019, publicado este mi茅rcoles por el Departamento de Estado, se帽ala que hubo enjuiciamientos selectivos y despidos de casos en medio de denuncias de soborno o presi贸n pol铆tica indebida.
“El poder judicial desestim贸 rutinariamente los casos de corrupci贸n de alto nivel. La corrupci贸n del poder judicial era un problema grave”, manifiesta el estudio.
Indica que la forma m谩s frecuente de interferencia con las 贸rdenes judiciales se produjo cuando las autoridades se negaron a cumplir con los recursos de Habeas Corpus para liberar a los detenidos.
Detalla que en septiembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia comenz贸 el juicio contra seis de los 14 vinculados en el caso de sobornos de la empresa brasile帽a Odebrecht, acusada de haber pagado 92 millones de d贸lares como soborno por contratos de obras del Estado.
“Los seis acusados inclu铆an un senador, un representante de la c谩mara baja, un exsenador y un exministro de Obras P煤blicas. La sociedad civil acogi贸 con benepl谩cito el juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupci贸n, pero los activistas destacaron lo que percib铆an como falta de voluntad pol铆tica para investigar a fondo el caso, que involucraba a las 茅lites pol铆ticas y econ贸micas del pa铆s”, detalla el informe estadounidense.
De acuerdo con un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n adem谩s de los 92 millones d贸lares, Odebrecht distribuy贸 otros 39.5 millones de d贸lares en sobornos durante la construcci贸n de la planta de carb贸n de Punta Catalina.
“Despu茅s de que este informe se hizo p煤blico, la Oficina del Fiscal General interrog贸 a consultores financieros involucrados en el proceso de licitaci贸n de la planta, pero no present贸 cargos adicionales. El fiscal general y una comisi贸n designada por el gobierno desestimaron previamente las acusaciones de irregularidad en el proceso de contrataci贸n de la planta”, se帽ala.
Seg煤n varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) utilizada como fuente por el Departamento de Estado, muchos funcionarios recib铆an un salario del Gobierno sin realizar ning煤n trabajo y que algunos municipios peque帽os ten铆an m谩s empleados en la n贸mina de lo que pod铆an alojar sus oficinas f铆sicas.
Tambi茅n denunciaron que de acuerdo con los ciudadanos dominicanos hubo actos de corrupci贸n por parte de varios funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, incluidos agentes de polic铆a, funcionarios de inmigraci贸n y funcionarios de prisiones.
Adem谩s, indic贸 que el Gobierno utiliz贸 castigos no judiciales por corrupci贸n como el despido o la transferencia de personal militar, polic铆as, jueces y otros funcionarios menores.
Otro de los puntos que conden贸 el informe de los Derechos Humanos es que algunos funcionarios del Estado no hicieron p煤blica la declaraci贸n de sus bienes a pesar de que Ley indica que el presidente, el vicepresidente, los miembros del Congreso Nacional, entre otros oficiales deben presentar la rendici贸n de sus bienes.
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