El entramado poco transparente que opera en el Gobierno en el área del sector salud, donde funcionarios o allegados al entorno presidencial logran ganar la mayoría de los concursos para suplir de medicamentos o insumos a los hospitales, no se detiene.Ahora tocó el turno de salir “premiada” a Maritza López directora (INAVI), popularmente conocido como Savica, y propietaria, junto a su esposo Héctor Ortiz, de la empresa Electromédica, S.A., quienes recibieron dos contratos por el monto de 665 millones 238 mil 178 pesos con 88 centavos para suplir a 40 hospitales y 16 centros de atención primaria (CAP) de los últimos concursos que ha realizado el Servicio Nacional de Salud.
Mediante el proceso de referencia SNS-CCC-LPN, se identificó que la funcionaria suplió la cantidad de 200 equipos médicos a deferentes centros de saludo que el Gobierno construye en todo el país, en violación a la Ley 41-08, Sobre Función Pública, y la de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, las cuales establecen que ningún funcionario o relacionado directo pueden ser suplidores del Estado mientras esté dirigiendo una institución.
Según el contrato, Electromédica, S.A. instaló 10 mamógrafos a un costo por unidad de siete millones 262 mil 870 pesos con 50 centavos.
También 55 máquinas de anestesia de dos gases a 732 mil 485 pesos cada una, de igual manera 30 electrocauterio quirúrgico monopolar y bipolar con carro a 80 mil 855 pesos con 08 centavos.
La directora de INAVI también le vendió 200 monitores de signos vitales de 5 parámetros a un costo de 53 mil 246 pesos, dice el contrato.
Asimismo, 60 electrocardiógrafo de 3 canales y carro a 40 mil 455 pesos con 71 centavos, y en ese mismo orden dice el acuerdo que debe suplir 101 lámparas de fototerapia al precio de 38 mil 596 con 33 centavos y 30 Doppler Fetal a 9 mil 494 pesos.
Mientras que el otro contrato, para que la empresa que tiene la directora de INAVI siga supliendo a los hospitales públicos y los CAP del país, solo dice que tendrá un monto de valor por 532 millones 637 mil 544 pesos con 35 centavos, y colocar 5 millones 326 mil 375 pesos con 44 centavos como valor del 1% correspondiente al monto de la oferta ganada, pero no da detalles de los productos a suplir.
Te puede interesar: Estalla escándalo mediático por compras urgentes por COVID-19 a suplidores ligados al Gobierno. Además de su esposo, la dirigente política tiene a sus hijos al frente de la empresa Electromédica, S.A., según consta en el Registro de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.
Maritza López de Ortiz, quien preside el Partido Acción Liberal (PAL), siempre ha estado cerca del poder desde el año 1986, a excepción del cuatrienio 2000-2004.
La empresaria y política viene del sector reformista y anteriormente había ocupado la dirección de la antigua Fábrica de Sacos y Cordelería (FASACO) y luego pasó a estar cerca del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el año 1996 a través del denominado Frente Patriótico.
La funcionaria ha visto crecer su patrimonio desde que incursionó en las actividades políticas. En Miami compró un apartamento en el Bulevar Costa del Sol, número 65, en la ciudad de Doral, Florida, según el registro de propiedades de los Estados Unidos.
Así como villas en Casa de Campo, apartamentos en el Mirador Sur, empresas de seguridad, decoraciones, bienes raíces, además también suple al Plan Social de la Presidencia mediante un negocio de canastas navideñas de su propiedad.
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En el 2004 asume la dirección de Pasaportes hasta septiembre del 2008 cuando llega al Instituto de Auxilio y Viviendas hasta la fecha.
En el año 2005 luego formó el PAL que venía de ser un movimiento político desde el 2002, el que nunca ha participado en unas elecciones de manera individual.
A ella se le tiene identificada en las lides políticas como una empresaria sagaz que se pliega al poder de turno de forma ágil, según su conveniencia económica.
Fue la responsable de traer al país la constructora Andrade Gutiérrez para la construcción del Acuerdo de la Línea Noroeste a mediados de la década del 1990, y que hoy construye la ansiada pesa de Monte Grande en la región sur.
A pesar de estar envuelta en múltiples negocios con el Estado desde el Estado, violando deliberadamente la Ley 41-08, la funcionaria se maneja con un bajo perfil como para no dar sospecha de sus vínculos transaccionales.
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