El mayor general del Ejército Adán Benoni Cáceres Silvestre, nombró a cientos de policías y militares en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), los cuales recibían sueldos entre los 20 mil y 70 mil pesos mensuales, siendo el alto mando militar un beneficiado directo ya que recibía un porcentaje de los salarios, según consta en el expediente del Ministerio Público en su contra.
«Cientos Policías y militares se colocaban de manera fraudulenta en la nómina de CESTUR y la de CUSEP, cobrando en promedio, entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, recibían un porciento de los ingresos a cambio de dadivas de bajos montos, por igual se distraían millonarios fondos de los viáticos, la compra de combustibles, las raciones alimenticias e inteligencia», dice el Ministerio Público en el expediente de la Operación Coral.
El órgano persecutor dice que la diferencia entre lo pagado y la dadiva iban a distintos miembros de la organización quienes debían entregarlos a los miembros de la organización en las formas que se detallan en los depósitos y transacciones de la solicitud de medida de coerción.
Otras de las modalidades en la que la red obtenía fondo era a través de las cuotas que debían entregar distintas unidades yorganismos de seguridad del Estado. Había una red de personas, entre ellas José Ramón Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Erick Brea Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario que se encargan de hacer depósitos transacciones para la colocación de los fondos distraídos del Patrimonio del Estado, pero que finamente terminaban de manera directa o indirecta a manos de los imputados.
«El entramado societario que tenía como uno de ios cerebros financieros principales al coronel Rafael Núñez de Aza, lavaba activos provenientes de actos de corrupción, como la estafa y la coalición de funcionario través de diferentes modalidades,
destacándose entre ella la acciones cometida por la pastora Rossy Guzmán, quien constituyó varias empresas para lavar dinero como es el caso de Único Real State, quien adquirió un apartamento ubicado en Balcones del Atlántico, Las Terrenas Samaná, ese apartzunento aparece con un supuesto préstamo que realizó el coimputado Raúl Girón, pero todo es una operación de lavado de activos», dice el expediente del MP.
Ayer, el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra los cinco detenidos en la operación Coral, entre ellos el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, ex jefe de Seguridad del expresidente Danilo Medina.
El órgano persecutor solicitó que se declare el caso complejo y presentó un expediente con «más de 200 páginas» de pruebas, según dijo a periodistas la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ortiz dijo que llevan «meses» recabando las pruebas, con el objetivo de presentar un caso con «contundencia» suficiente para que el tribunal de la instrucción conceda la prisión preventiva.
La fiscal no descartó la posibilidad de que en el transcurso de las investigaciones se demuestre que más personas estaban vinculadas a la supuesta corrupción.
La operación Coral llevó el pasado sábado a la detención del general Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Flete, y el coronel Rafael Núñez de Aza y el teniente coronel Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Al grupo se le imputa los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La Fiscalía aseguró en un comunicado que en los allanamientos, fueron incautados «bienes millonarios» a los imputados, quienes están detenidos en el Centro de Atención y Privación de Libertad Ciudad Nueva.
Como parte de la operación Coral, el Ministerio Público realizó el sábado un total de 27 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná.
En los últimos meses, la pastora Rossy Guzmán fue interrogada tres veces por la Fiscalía en relación a una serie de propiedades y empresas que posee.
La investigación se inició a raíz de un reportaje del programa Nuria Investigación Periodística, que denunció que Cáceres Silvestre utilizaría como testaferro a la pastora Rossy Guzmán para la compra de esas propiedades.
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