Históricamente, la lucha por el adecentamiento de la vida pública excluyó al mando militar porque los gobernantes se tornaban permisivos ante el incremento patrimonial, convencidos de que la acumulación estridente se constituía en instrumento de dominio y control político.
No obstante, la injustificada tolerancia del enriquecimiento en guardias y policías de alto rango, sirvió en la edificación de una zona de tolerancia por años, que hizo metástasis en segmentos importantes de la sociedad incapaces de entender la relación salarios/estilos de vida de una parte de la jerarquía de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Un amplio sector de la sociedad sospechaba de los excesos en segmentos de la jerarquía militar y policial. Ahora bien, pretender que la montaña de pruebas encontradas por la Procuraduría General (PGR) en el caso Operación Coral se circunscribe al proceso instruido contra el mayor general Adán Cáceres, no nos conduce por el camino correcto.
Un entramado societario capaz de combinar entidades sin fines de lucro, salones de belleza, descuentos al personal militar de Cestur, adquisición de iglesias, partidas de pagos al exsubjefe policial, adquisición de inmuebles lujosos, ventas de vehículos, alquiler de apartamentos por 3 mil dólares y desarrollar proyectos avícolas, retrata la descomposición de estructuras militares que, sin noción ni sentido del límite, tendrán consecuencias penales.
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