Santo Domingo, RD. La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) pidió al Senado de la República que rechace la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del fideicomiso para entregar al sector privado, la administración de la Central Termoeléctrica Punta Catalina por 30 años.
Según la organización, esta disposición es contraria a la Constitución, al interés público y enajena en un patrimonio del pueblo dominicano, por lo que advirtió que esto podría provocar un estallido social.
Justicia y Transparencia señaló que existe una ola de privatización disfrazada de alianzas públicas privadas.
El presidente de la fundación, Trajano Potentini, lamentó el accionar de la Cámara de Diputados, al aprobar el referido contrato, con 102 votos presentes en el hemiciclo de una matrícula de 190 diputados, con una “ausencia conveniente y significativa”.
Potentini señaló como de gran perturbación el que el contrato aprobado por los diputados faculte al denominado Comité Técnico, compuesto por 5 personas físicas, que casi en su totalidad son del sector eléctrico privado, con intereses y negocios en el mismo, a autorizar y aprobar la incorporación de personas físicas o morales a que realicen inversiones en el fideicomiso de Punta Catalina.
Según Potentini eso se traduce en que podrán seguir vendiendo y privatizando la central termoeléctrica.
Potentini planteó que el referido comité, dirigido y presidido por el exadministrador de la CDEEE, Celso José Marranzini Pérez, y José Luis Actis, Noel Báez Paredes, George Ángel Reinoso Núñez y John A. De Armas, tendrá todos los poderes para de forma secreta, privada y discrecional, por los próximos 30 años licitar trabajos, contratar personal, vender acciones, fijar precios y vender energía, en fin, “disponer a sus anchas de todo lo relativo al manejo de Punta Catalina, como dueños, amos y señores”, señala un comunicado de la organización.
Menor costo
Otra perturbación lo constituye el hecho de que con este fideicomiso se le reconoce un precio solo de 2,340 millones de dólares inferior a la realidad del costo, hoy estimado en más de 3,000 millones de dólares; además del blindaje y garantía de impunidad con que cobijan este cuestionado patrimonio del pueblo dominicano, agrega la nota.
“Hacemos un llamado al Senado para que no apruebe este despropósito, el cual llevaría al secretismo y sin escarnio social alguno el manejo de Punta Catalina, dado en un mal llamado fideicomiso público, figura fundamentalmente concebida para actividades de naturaleza privada, con una estructura flexible, y reiteramos fuera de los controles de transparencia y rendición de cuentas del Estado”, concluye Potentini.
