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Santo Domingo, República Dominicana - En un giro dramático que ha sacudido tanto el mundo del narcotráfico como la política dominicana, el capo del narcotráfico Erick Randhiel Mosquea Polanco, conocido también como "El Hombre", ha sido capturado en Colombia. Este evento marca un significativo avance en la lucha contra el crimen organizado en la región y pone bajo el foco los vínculos de Mosquea con figuras del gobierno y el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Erick Mosquea, señalado como el cabecilla de una red transnacional de narcotráfico, fue arrestado gracias a un acuerdo de cooperación entre la Fiscalía de Colombia y la Agencia U.S. Marshals del Departamento de Justicia de Estados Unidos, evidenciando la colaboración internacional para detener a figuras notorias del crimen organizado. Mosquea había logrado evadir la captura en República Dominicana, donde la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Procuraduría General de la República (PGR) fueron presionadas por la DEA debido a supuestos niveles de corrupción interna, lo que dificultaba llevar a cabo investigaciones propias.
En Colombia, Mosquea es conocido como el "Pablo Escobar dominicano", una denominación que refleja la magnitud de su influencia y operaciones en el mundo del narcotráfico, comparándolo con el infame capo colombiano. Este sobrenombre subraya la reputación que Mosquea ha logrado más allá de las fronteras de su país natal.
La captura de Mosquea no solo representa un golpe al imperio de drogas que operaba desde Santiago, trasladando cocaína desde Colombia a destinos como Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, sino que también trae a la luz las acusaciones sobre sus conexiones con el gobierno de Luis Abinader. Según múltiples fuentes, Mosquea habría financiado campañas políticas, incluyendo la del diputado Nelson Marmolejos Gil del PRM, lo que sugiere una relación simbiótica entre el crimen organizado y la política local.
Hace aproximadamente cinco meses, el detective Ángel Martínez había predicho que la DEA eventualmente apresaría a Mosquea, revelando en ese momento que el narcotraficante tenía tentáculos extendidos hasta el gobierno dominicano, incluyendo supuestos vínculos con miembros del PRM. Esta predicción se ha cumplido con la detención de Mosquea en Colombia, confirmando la vigilancia y las operaciones conjuntas de las agencias antidrogas internacionales.
Minimización por la Prensa Dominicana
A pesar de las implicaciones graves de estos vínculos, la prensa dominicana ha mostrado tendencias a minimizar o desviar la atención de las conexiones de Mosquea con el gobierno de Abinader. Muchos medios locales han enfocado sus reportajes en los aspectos operativos de la captura y la magnitud de la red de narcotráfico, evitando profundizar en las ramificaciones políticas o mencionando de pasada las acusaciones de financiación ilegal. Esta cobertura podría ser interpretada como un intento de proteger la imagen del gobierno actual y evitar un escrutinio más profundo sobre posibles corrupciones o influencias ilícitas dentro de la política dominicana.
La red de Mosquea, conocida como la "Operación Falcón", era considerada una de las más grandes y sofisticadas de la región, con la capacidad de traficar miles de kilos de cocaína semanalmente y de lavar activos por millones de pesos. La operación había desmantelado parcialmente esta red en 2021, pero Mosquea había logrado mantenerse prófugo, demostrando su habilidad para evadir la justicia hasta ahora.
Este arresto plantea serias preguntas sobre la infiltración del narcotráfico en la política dominicana y el grado de corrupción que podría existir en esferas de poder. Aunque la administración de Abinader ha negado cualquier implicación directa, la evidencia de financiamiento de campañas políticas por parte de Mosquea sugiere un escrutinio necesario sobre las prácticas de financiación política y la transparencia en el país.
El caso de Erick Mosquea podría servir como un punto de inflexión para abordar la corrupción y el financiamiento ilegal en la política dominicana, instando a una mayor vigilancia y reformas para proteger la integridad de las instituciones democráticas. La extradición y el juicio de Mosquea serán observados de cerca, no solo por su impacto en la guerra contra las drogas, sino también por sus implicaciones en el panorama político de República Dominicana.
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