Aprovechando la distracción colectiva por el desastre, el gobierno dominicano habría aprobado la sentencia TC/0067/25 el pasado 8 de abril, otorgando la ciudadanía a miles de haitianos indocumentados residentes en el país. Aunque las autoridades no han detallado el número exacto de beneficiarios, la medida ha sido interpretada por críticos como un intento de alterar el panorama migratorio y demográfico de la República Dominicana en un momento de vulnerabilidad nacional. La sentencia, que según fuentes extraoficiales habría sido redactada y aprobada en tiempo récord, ha desatado acusaciones de oportunismo político y ha puesto en jaque el sistema de migración del país.
Una decisión controvertida en un momento de crisis
La sentencia TC/0067/25 del Tribunal Constitucional revierte décadas de políticas migratorias restrictivas, que buscaban regular el estatus de extranjeros en el territorio dominicano. Sectores nacionalistas han denunciado que esta medida socava la soberanía del país, otorgando la nacionalidad a personas que, según ellos, no cumplen con los requisitos legales establecidos históricamente. "Mientras el pueblo dominicano llora a sus muertos, el gobierno entrega nuestra identidad a quienes no la han ganado", expresó un líder comunitario en Santiago, reflejando el sentir de muchos.Por otro lado, defensores de los derechos humanos han aplaudido la sentencia TC/0067/25 como un paso hacia la justicia social, argumentando que miles de haitianos nacidos y criados en suelo dominicano han vivido en un limbo legal por generaciones. Sin embargo, la falta de transparencia sobre los criterios de selección y el momento elegido para implementar esta decisión han alimentado teorías de que el gobierno busca desviar la atención de su manejo de la tragedia en Jet Set.
Decretos para regularizar haitianos
El gobierno dominicano ha implementado varios decretos a lo largo de los años con el objetivo de regularizar la situación migratoria de haitianos en el país, un tema marcado por tensiones sociales y políticas. A continuación, los más relevantes, organizados cronológicamente:Decreto 327-13 (29 de noviembre de 2013): Emitido por el presidente Danilo Medina tras la polémica sentencia TC/0168/13, este decreto creó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE). Dirigido principalmente a haitianos indocumentados, permitió a quienes probaran residencia antes del 19 de octubre de 2011 solicitar un estatus migratorio legal. Aunque benefició a más de 200,000 personas, muchos quedaron excluidos por falta de documentos como pasaportes haitianos, limitando su impacto.
Decreto 250-16 (10 de agosto de 2016): También bajo la gestión de Danilo Medina, este decreto extendió el plazo del PNRE, que había culminado en 2015 con resultados parciales. Otorgó permisos temporales de residencia a unos 40,000 haitianos adicionales que habían iniciado el proceso de regularización, pero no resolvió el estatus de quienes no pudieron completar los requisitos. Fue visto como un intento de mitigar críticas internacionales tras el primer plan.
Decreto 262-20 (28 de julio de 2020): Firmado por Danilo Medina en secreto, este decreto otorgó la nacionalidad dominicana a 750 descendientes de haitianos nacidos en el país, quienes habían sido despojados de su ciudadanía por la sentencia TC/0168/13 de 2013. La medida, que se mantuvo confidencial hasta su publicación posterior, fue parte de un esfuerzo por cumplir con la Ley 169-14 y responder a presiones internacionales.
Decreto 297-21 (30 de abril de 2021): Bajo la presidencia de Luis Abinader, este decreto concedió la nacionalidad dominicana a 50 descendientes de haitianos nacidos en el país, también afectados por la sentencia TC/0168/13. Similar al decreto de Medina, se mantuvo en secreto hasta ser revelado en la web de la Consultoría del Poder Ejecutivo, y benefició a un grupo reducido dentro de los miles que solicitaron recuperar su ciudadanía bajo la Ley 169-14.
Historial de sentencias
El Tribunal Constitucional ha emitido varias sentencias que han influido en la situación migratoria de haitianos en la República Dominicana, marcando un debate entre soberanía y derechos humanos.A continuación, las más relevantes, organizados cronológicamente:
TC/0168/13 (23 de septiembre de 2013): Esta sentencia negó la nacionalidad a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país desde 1929, aplicando retroactivamente la exclusión del principio de jus soli (derecho de suelo) para quienes no tuvieran padres con residencia legal. Afectó a unos 200,000 dominicanos de ascendencia haitiana, dejándolos en un limbo de apatridia y desatando críticas internacionales.
TC/0256/14 (4 de noviembre de 2014): En respuesta a una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por TC/0168/13, esta sentencia afirmó que las decisiones de dicho organismo no eran vinculantes para la República Dominicana. Reforzó la postura soberanista del país, pero intensificó el conflicto con la comunidad internacional sobre los derechos de los haitianos afectados.
TC/0067/25 (8 de abril de 2025): Esta sentencia otorga ciudadanía directa a miles de haitianos indocumentados y abre la puerta al registro de ciudadanía dominicana de forma masiva. A diferencia de las sentencias previas, que restringieron derechos, TC/0067/25 representa un cambio drástico al integrar masivamente a esta población al marco legal dominicano, generando un debate nacional sobre identidad y soberanía.
Colapso migratorio y tensiones sociales
La aprobación de la sentencia TC/0067/25 ha exacerbado las tensiones en un país donde la migración haitiana ha sido un tema sensible durante décadas. Con un sistema migratorio ya sobrecargado, nacionalistas advierten que esta medida podría colapsar las instituciones encargadas de procesar documentación y garantizar el orden. Además Luis Abinader desde que asumió la presidencia el 16 de agosto de 2020, esta implementando falsas medidas en contra de la patria que culminan en esta sentencia. Para muchos, Abinader se ha convertido en un alto traidor a la patria dominicana al permitir lo que consideran una entrega masiva de la nacionalidad a extranjeros.Mientras las labores de rescate en la discoteca Jet Set continúan y las familias lloran a sus seres queridos, el debate sobre la sentencia TC/0067/25 promete dividir aún más a una sociedad en crisis. ¿Se trata de un acto de humanidad o de una maniobra política? Por ahora, la República Dominicana enfrenta un futuro incierto, atrapada entre la tragedia y una decisión que podría redefinir su identidad nacional.
